La certiticación de deuda comunitaria será solicitada a quien ejerza las funciones de Secretario, que la emitirá con el visto bueno del Presidente.

Normalmente el cargo de Secretario suele ser desempeñado, en su caso, por el Administrador, excepto que se determine otra cosa por la Junta o los Estatutos de la Comunidad.

Tal y como establece el propio artículo 9e) de la LPH, los anteriores responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la certificación y de los perjuicios ocasionados por el retraso en su emisión, pues existe un plazo de siete días naturales para que sea emitida desde su solicitud.

Al respecto de lo anterior, precisar que, a pesar del visto bueno del Preidente en ejercicio de sus funciones representativas, en caso de ser emitida por el Administrador-Secretario la certificación que causare daños o perjuicios por inexactitud de la misma, existiría una mayor responsabilidad del mismo por este motivo, partiendo de su consideración profesional.

Con la finalidad de evitar que se transmitan inmuebles con deudas comunitarias, lo que ocasiona indirectamente un perjuicio económico a la Comunidad, así como para añadir garantías a los compradores de inmuebles en régimen de Propiedad Horizontal frente a hipotéticas deudas comunitarias pendientes con caracter previo a la adquisición, la Ley de la Propiedad Horizontal, en su Artículo 9 (en el que se regulan las obligaciones de los propietarios), y más concretamente, en su apartado e) cuarto párrafo, regula la certificación de deuda comunitaria.

Tal y como este artículo establece, “en el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título la vivienda o local, el transmitente deberá declararse hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El trasmitente (vendedor) deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente”

Según lo anterior, el transmitente de un inmueble (que normalmente es vendedor), deberá declarar si tiene alguna deuda con la Comunidad (declaración positiva) o por contra, si no tiene ninguna (negativa).

Para acreditar lo anterior deberá aportarse por parte del transmitente en el momento de otorgarse la escritura pública (normalmente de compraventa) y de forma obligatoria, una certificación emitida por la Comunidad, tal y como veremos, mediante la que se acrediten los extremos positivos o negativos indicados.

No obstante, la Ley, según hemos introducido, permite al adquirente (que normalmente tiene la condición de comprador) exonerar al que transmite el inmueble de esta obligación.

Esta última facultad de exoneración que se concede al que adquiere, ocasiona en la práctica infinidad de problemas que sólo pueden evitarse ora eliminándola del texto legal (lo que básicamente depende del legislador), ora concienciando a futuros compradores de que la mejor manera de evitar que le sean transmitidas deudas previas a la compra en conceptos comunitarios, es exigiendo la presentación de una certificación de deuda negativa en el momento previo a la formalización de la transmisión del inmueble.

Y cuando en el párrafo anterior se indica que debe presentarse en el momento previo a la firma del documento público (dígase escritura) significa que tiene que asegurarse por parte del adquirente que se aporta siempre antes de la firma del mismo a los efectos de su legal incorporación y consecuencias jurídicas. Porque que se entregue con posterioridad, a los efectos esperados, no tiene las mismas consecuencias.

Pero todo esto, ¿por qué?

Es muy sencillo. El Notario tiene la obligación de exigir la aportación del certificado al transmitente en el momento de firmar la escritura o de requerir la referida exoneración de la presentación de la anterior.

En la práctica, cuando al Notario no se le aporta el certificado de deuda en el momento indicado, introduce en el texto de la escritura una manifestación del adquirente como que exonera al que transmite de esta obligación.

De esta manera no se aporta el certificado pero el Notario autoriza la operación. Por todo ello, al menos en apariencia, todos resultan satisfechos: el transmitente transmite, el adquirente adquiere y el Notario formaliza una operación.

¿Pero qué consecuencias tiene esta situación exonerante?

Obviamente para el adquierente pueden resultar extremadamente peligrosas. ¿Por qué?

Porque que no se haya presentado certificado de deuda negativa no significa que no exista. Esto implica que como no se ha certificado una situación negativa y se ha exonerado su presentación, en caso de existir finalmente deuda, la Comunidad podrá exigir al adquirente el pago de los gastos generales que estén pendientes con caracter previo a la transmisión por la parte vencida de la anualidad en la que tenga lugar la adquisición y el año natural inmediantamente anterior.

La Ley obliga al transmitente a declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude, así como a aportar la indicada certificación, pero la exoneración vendría a desnaturalizar esta obligación, claramente en perjuicio del que la efectúa. Muchas veces, incluso, desconociéndolo.

Por todo lo anterior, si vas a adquirir un inmueble y quieres evitar sorpresas y perjuicios económicos futuros, solicita sin falta al transmitente certificado de deuda, que deberá ser presentado previamente a la firma de la escritura y esto, con la finalidad de que sea incorporado a la misma a todos los esperados efectos; obstando quizá decir que debe también comprobarse su situación negativa (esto es, que no hay deuda).

La morosidad supone un grave problema para la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios, hasta el punto de que esta cuestión fue uno de los motores que impulsaron en 1999 la reforma legislativa en materia de Propiedad Horizontal, como bien se desprende del mismo Preámbulo de la Ley 8/1999 (Ley de reforma de ley 49/1960, de 21 de Julio, sobre Propiedad Horizontal).

Al objeto de combatirla, se incluyeron importantes medidas dirigidas no sólo a prevenir la morosidad, sino también a incentivar el pago por parte de los propietarios o a intentar garantizar el cobro de las cuotas comuniatarias.

Así mismo, se introdujo la posibilidad de reclamar las deudas a través del procedimiento monitorio, procedimiento especial y sumario que pretende ofrecer una protección jurídica rápida y eficaz. Aunque la realidad es bien distinta, debido principalmente a la actual falta de recusos de la administración de Justicia en España.